Cuando un servidor público abusando de su cargo o de sus funciones, induce a que alguien dé o prometa para su propio beneficio o el de un tercero, ya sea dinero o cualquier otra utilidad indebida, o los solicite.

Es una de las modalidades de contratación, que difiere de la licitación, y está prevista para los siguientes contratos: menor cuantía, interadministrativos, arrendamiento o adquisición de inmuebles, prestación de servicios profesionales o ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas, o para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas. Si el valor del contrato por celebrar está entre el 10% y el 100% de la Menor Cuantía (ver definición), debe hacerse una invitación pública para garantizar un número de plural de ofertas.

Sistema que al interior de cada entidad procura garantizar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, se realicen de acuerdo con las normas vigentes y dentro de las políticas trazadas por la dirección, en cumplimiento de las metas y objetivos previstos.

Actividad de los ciudadanos destinada a ejercer reconocimiento, inspección y vigilancia de la gestión pública.

Es una división territorial que aúna a varias veredas puestas bajo la jurisdicción de un inspector, nombrado por el Alcalde de Municipio respectivo. El Corregimiento es la unidad intermedia entre vereda y Municipio. El Conjunto de Corregimientos forma el Municipio en su Área Rural.

Requisitos de calidad del resultado obtenido. Condiciones o características que debe reunir el producto o servicio para satisfacer los requerimientos de cada uno de los elementos de competencia. Características de los resultados relacionados con el elemento de competencia.

Escrito que se presenta ante un juez para se resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u obligado.

Forma de iniciación de un proceso judicial, consistente en la manifestación, de palabra o por escrito, por la que se comunica al Juez, al Fiscal o a la Policía judicial, la supuesta comisión de un acto delictivo.

Es aquel derecho que tiene toda persona para acudir ante las autoridades competentes, por motivo de interés general o interés particular para elevar solicitudes respetuosas de información y/o consulta y para obtener pronta resolución de las mismas.